EL GOBIERNO cedió a la presión partidaria y accedió a incrementar el salario mínimo en un 8,8% nominal, al mismo tiempo que anunció un proyecto de institucionalidad permanente para fijarlo. El aumento real propuesto excede con creces el crecimiento esperado del PIB durante el período de vigencia de dicho salario. Con ello se exacerban la injusticia y el efecto negativo sobre el empleo formal de todo salario mínimo. En vez de crear la mencionada institucionalidad, lo que corresponde hacer es eliminar el salario mínimo y reemplazarlo por un ingreso mínimo socialmente justo.
Todo aumento de salario forzado -determinado por ley- inducirá a los empresarios a reducir, en el margen, empleo formal. No he visto estudio técnicamente aceptable que no llegue a esa conclusión. Los nuevos desempleados -que tenderán a estar entre los de menor productividad- no tendrán otra alternativa práctica para subsistir que engrosar la informalidad. Con ello las remuneraciones medias en el sector informal -que ya son más bajas- se reducirán aún más, y aquellas del sector formal, aumentarán. Además, caerá la productividad media de la economía. Sería preferible para todos -trabajadores, empleadores y consumidores- no interferir en el mercado laboral de esta forma y asegurar a los trabajadores de bajos salarios, mediante subsidio, un ingreso mínimo más elevado…
